El gobierno cubano presentó su nuevo proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, una normativa que promete “ordenar y desarrollar” la investigación en el país, pero que en la práctica refuerza el control estatal sobre todo el ecosistema científico. Publicado el 6 de diciembre por la Asamblea Nacional, el documento llega acompañado de un llamado a enviar opiniones ciudadanas por correo electrónico, un mecanismo que difícilmente modifica decisiones ya tomadas.
El proyecto aparece en un contexto crítico: fuga de talentos, laboratorios desactualizados, bajos salarios y escasez casi absoluta de financiamiento. Sin embargo, la respuesta del régimen no apunta a mayor autonomía para universidades o centros de investigación, sino a consolidar una estructura vertical donde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) se erige como autoridad absoluta.
La ley ratifica al CITMA como organismo rector en todos los niveles, con el poder de dirigir políticas, fondos, prioridades nacionales y territoriales. Esto transforma cualquier iniciativa en un proceso rígidamente subordinado a la planificación estatal. Además, el texto define la ciencia como un “bien público al servicio del socialismo”, lo que convierte a todas las instituciones —desde universidades hasta actores privados, cooperativas o investigadores independientes— en piezas obligadas de un único sistema controlado por el Estado. 🏛️
Incluso la ética queda bajo vigilancia oficial: la ley prohíbe investigaciones que “generen falsas expectativas” y exige discreción en proyectos vinculados a temas económicos, políticos o de seguridad nacional, categorías sumamente amplias que podrían limitar investigaciones incómodas o críticas.
#Cuba🇨🇺 | Disponibles para la población nuevos proyectos de ley e informe de rendición de cuenta del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila ante la Asamblea Nacional del #PoderPopular
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 6, 2025
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El control también se extiende a la información científica. El proyecto plantea la creación de un Sistema Nacional de Información administrado íntegramente por el CITMA, donde deberán centralizarse publicaciones, datos, resultados e indicadores. Aunque se menciona la “ciencia abierta”, todo deberá pasar por plataformas estatales, reduciendo la circulación independiente del conocimiento. 📊🔒
Mientras el gobierno intenta proyectar transparencia mediante consultas simbólicas, la normativa profundiza el control político sobre un sector vital para el desarrollo del país. Todo esto sucede en medio de una creciente diáspora científica: jóvenes investigadores abandonan Cuba en busca de libertad académica, recursos y oportunidades reales de innovación.
#Cuba🇨🇺 | Convocado Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular, en su X Legislatura
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) November 26, 2025
🗓 A partir de las 9:00 a.m. del día 18 de diciembre del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana.https://t.co/eukccxlcUd
El Parlamento discutirá el proyecto el 18 de diciembre, en un proceso donde, como suele ocurrir, la aprobación parece un hecho inevitable. De concretarse, la ciencia cubana quedará aún más subordinada a un modelo centralizado que ha demostrado poca capacidad para sostener avances y retener talento.